Por Aquileo Valdovinos
En su interés de que se termine con la corrupción de aquellos funcionarios que desvian recursos o incurren en algunos otros actos con los que afectan las finanzas públicas, el diputado Salvador Arvizu Cisneros propuso reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
Sobre el tema, argumentó que pese a los esfuerzos por legislar en la materia, tanto a nivel nacional, como estatal y estar tipificados los delitos derivados de actos ilegales, «es necesario contar con un marco legal efectivo y que se aplique conjuntamente con políticas públicas que lo sustenten y promuevan, sobre todo en materia de transparencia y rendición de cuentas», subrayó.
Recordó que las instituciones gubernamentales son «las principales encargadas del ejercicio de los recursos públicos y al no cumplir con la norma que las regula y, por ende contar con un marco jurídico que evite cualquier desvío de recursos o la debida transparencia de los mismos, deben implementarse medidas que impidan, prevengan y detecten actos de corrupción, los cuales en muchas ocasiones quedan en completa impunidad y sin el resarcimiento del daño a las haciendas públicas en los tres órdenes de gobierno».
Por último, recordó que en la actualidad la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en su artículo 3, hace referencia a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión y en el resto del cuerpo normativo dispone sobre facultades y atribuciones de la Unidad General de Asuntos Jurídicos.