Por Aquileo Valdovinos
Tras escuchar a varios concesionarios de bancos de materiales, quienes resaltaron que los erróneamente llamados “impuestos ecológicos”, impactarán en todas las cadenas productivas y comerciales asociadas con la industria de la construcción, los legisladores de Morena de inmediato ofrecieron apoyo legal a dichos empresarios.
Encabezados por su coordinador, Alfredo Ramírez Bedolla, les ofrecieron la asesoría necesaria con la cual podrán avanzar por la ruta legal hacia la derogación de las nuevas cargas fiscales.
El líder de dicha bancada informó a los concesionarios que previamente se reunió con transportistas de materiales, quienes coinciden en la preocupación por la elevación de costos en la extracción, movilización y transformación de materia pétrea, derivado de la aplicación de los nuevos impuestos aprobados.
Los agremiados a la Asociación Michoacana de Productores y Distribuidores de Materiales Pétreos (Prodympe) advirtieron que el Impuesto por Remediación Ambiental de la Extracción de Materiales, que obliga a pagar por metro cúbico de material sustraído, elevaría hasta 40 por ciento los costos en sectores dedicados a la extracción, el transporte, la transformación, la construcción y autoconstrucción de tipo doméstico.
Ramírez Bedolla puntualizó que esta carga fiscal finalmente impactaría también a los Ayuntamientos y al propio Gobierno del Estado, ya que al elevar los costos del sector de la producción, del cual dependen varias ramas económicas, aumentaría también el valor de inversión en obra pública.
Por su parte, los diputados Sandra Luz Valencia y Fermín Bernabé explicaron que la bancada de Morena se ha mantenido firme en su oposición a la implementación de nuevos impuestos, y el pasado miércoles 30 de enero presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de que las cargas fiscales sean canceladas en forma definitiva.
Añadieron que los legisladores de Morena trabajan en coordinación con presidentes municipales para que promuevan una controversia constitucional contra el llamado impuesto sobre la basura; en este sentido, señalaron, están abiertos a dar apoyo a grupos sociales, y ciudadanos en lo particular, para promover amparos contra la miscelánea fiscal que este año ha puesto en vigor el gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo.