- La contingencia que hoy vivimos refleja que el Pacto Fiscal deja en desamparo a estados y municipios
En esta contingencia sanitaria por el Covid-19, en la que se reporta el desabasto de insumos en las distintas instituciones públicas de salud en el país y ante la falta de apoyos de la Federación para los Estados y Municipios, es apremiante que en México se revise a fondo el Pacto Fiscal y se realice una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para generar condiciones de equidad en la distribución de los recursos y con ello, dar certeza a las entidades y a la población, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez.
La diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, coincidió con la postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y de distintos gobernadores sobre que se debe revisar y actualizar el Pacto Fiscal, ya que el actual mecanismo de distribución de los recursos es inequitativo y se está a la merced de que la Federación los apoye, y ante un escenario como el que hoy se vive, es condenable, que las entidades no cuenten con la solvencia para hacer frente a la emergencia.
Se pronunció porque a la brevedad, se genere el andamiaje legal que permita las condiciones necesarias para el desarrollo de los estados y municipios, no sólo en lo que se refiere a mayores recursos para sus gobiernos, sino en la cristalización de políticas públicas efectivas.
El Pacto Fiscal actual, dificulta la operación de los gobiernos estatales y municipales, y más en una contingencia como la que hoy se vive.
Lucila Martínez recalcó que, los estados y municipios en nuestro país enfrentan una problemática complicada, y se requiere una solución de fondo, con el objetivo de mejorar la recaudación, con un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y social, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa.
Por lo anterior, insistió en que se necesita mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes órganos de gobierno federal, estatal y municipal, con mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.