Cuando el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, deje el cargo hoy, su sucesor tendrá una montaña de asuntos inconclusos, entre ellos la bancarrota pública más grande en la historia de Estados Unidos y una economía que se sostiene gracias a la ayuda de emergencia.
La isla lleva unos tres años en una reestructuración poco popular para una deuda de alrededor de 129 mil millones de dólares avivada por las pensiones sin fondos, y aún no hay una resolución clara a la vista.
Se debe a que los líderes de la isla, territorio estadunidense, pidieron prestados 74 mil millones de dólares, para equilibrar el presupuesto, y se gastaron todo el dinero en el sistema público de pensiones.
La isla les debe unos 55 mil millones de dólares a los jubilados.
Desde 2016, una junta federal ha estado a cargo de resolver la crisis de deuda. Muchos puertorriqueños desconfían de la junta, en parte por los recortes a los servicios públicos que ha impulsado. Rosselló, quien asumió el cargo de gobernador también en 2016, ha estado en lucha constante con la junta. Ambas partes seguían en el teje y maneje de negociar cuando azotó el huracán María en 2017, suceso que provocó miles de muertes y dejó a la mayoría de la isla sin electricidad durante meses. Se estima que el fenómeno redujo en 6 por ciento la producción en 2018.
Este año, la junta de supervisión estaba a semanas de presentar un plan de reestructuración general ante un tribunal federal estadunidense cuando los ciudadanos puertorriqueños tomaron las calles para exigir la renuncia de Rosselló.
Las manifestaciones fueron desencadenadas al conocerse conversaciones de chats privados que contenían un lenguaje soez e indicios de posible corrupción. Cuando Rosselló anunció su renuncia, el pasado 24 de julio, algunos de los manifestantes dijeron que les gustaría que la junta de supervisión se fuera también.
El equilibrio de poder entre la junta federal y el gobierno de Puerto Rico, elegido a nivel local, sigue siendo precario.
La junta puede negociar con los acreedores y debe aprobar el presupuesto de la isla, y los funcionarios electos a menudo se han quejado sobre las restricciones al gasto que enfrentan.
En este contexto, la sucesión está atorada en la incertidumbre.
La Legislatura local postergó una votación sobre quién debe ser el nuevo gobernador.
Rosselló nominó el miércoles a Pedro Pierluisi, quien representó a la isla ante el Congreso en Washington, para reemplazarlo.
Pierluisi es considerado por la mayoría de los puertorriqueños como una figura conciliadora y poco controversial que probablemente no sufrirá una continuación de las protestas contra la corrupción y la mala administración.
Pierluisi sucederá a Rosselló si es confirmado por la Cámara de Representantes y por el Senado de la isla como secretario de Estado (vicegobernador), lo que lo situaría como próximo en la línea de mando.
El cargo está vacante actualmente y el Partido Nuevo Progresista de Rosselló tiene mayorías en ambas cámaras de la Legislatura por lo cual podría fácilmente nombrar al nuevo gobernador.
El próximo mandatario tendrá que sortear boricuas enojados con la junta y los persistentes problemas estructurales de la isla.