Bernd Debusmann Jr y Mike Wendling
BBC News
Donald Trump ganó las elecciones y se convertirá en el 47 presidente de los Estados Unidos.
Ahora está por verse si el candidato republicano, que venció a la demócrata Kamala Harris, cumplirá todas las promesas que hizo en su campaña, como la deportación masiva de aquellos que no tienen permiso para permanecer en EE.UU.
Por el momento, Trump, quien regresa a la Casa Blanca luego del pasado cuatrienio haber sido sustituido por Joe Biden, tendrá a su favor el Senado federal, en el que su partido es mayoría con 52 escaños.
La Cámara de Representantes aún está por definirse, aunque los republicanos llevan la delantera con 193 sillas de las 218 que necesitan para dominar dicho cuerpo legislativo.
Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados.
Pero su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio y próximo vicepresidente de EE.UU.
Esta idea está contemplada en la plataforma electoral de Trump bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”. Los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
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