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El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del segundo paquete de proyectos de inversión entre los sectores público y privado.
En conferencia de prensa matutina el mandatario agradeció a los empresarios “por la manera en que estamos poniéndonos de acuerdo. Claro que hay diferencias, tiene que haber, pero lo importante es que hay diálogo y se busca siempre el acuerdo”.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, explicó que se trata de 29 proyectos con una inversión conjunta de 228 mil millones de pesos.
Dijo que se encuentran distribuidos en el territorio nacional y son adicionales a las tres grandes obras de inversión pública en el sureste: Tren Maya, Tren Transístmico y Refinería Dos Bocas.
El pasado 5 de octubre el presidente firmó un convenio con la iniciativa privada para el primer paquete. Derivado de este acuerdo, diez proyectos ya se iniciaron con un monto total de 43 mil millones de pesos.
Entre estos proyectos hay ocho por 78 mil millones de pesos asociados a mejorar la vialidad y generar vías de acceso al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.
El titular de la Unidad de Inversiones, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jorge Nuño Lara, detalló que se establecieron cuatro criterios para seleccionar los proyectos:
- Que la inversión privada sea mayor al 50 por ciento de la inversión total de cada proyecto.
- Que se desarrollen en los sectores de energía, comunicaciones y transportes, agua, saneamiento y medio ambiente.
- Que cada proyecto tenga una definición clara respecto a los beneficios sociales, el alcance de la infraestructura, su costo y tiempo de implementación.
- Sin impacto en la deuda pública.
Informó que en las reuniones con el sector privado se definió un proceso de maduración de proyectos con el objetivo de analizar su viabilidad y establecer una ruta para garantizar que se ejecutarán.
Esto se aplica en cada proyecto revisando sus oportunidades, mecanismo de participación de la inversión privada e identificando secuencias de autorizaciones.
Asimismo, se realiza una evaluación inicial para verificar la viabilidad económica. En la etapa llamada análisis, comienza el desarrollo de factibilidades técnica, económica, legal y social; se define el alcance de costo y tiempo de cada proyecto y se hace la evaluación económica y financiera que confirma la viabilidad del proyecto.
En la fase de autorización se concluyen las factibilidades, se emiten los permisos de autorización y definen los programas de ejecución. Finalmente ocurre la ejecución y al final de esa etapa la puesta en servicio.
“De esta forma cumplimos con la instrucción del presidente de contar con un proceso que permita seleccionar los proyectos con alta probabilidad de ejecución para que los beneficios esperados ocurran”, apuntó.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, afirmó que esta es la mejor forma de recuperar rápidamente la economía de México y hacerla crecer a las tasas que se intentaba lograr antes de la pandemia de COVID-19.
“Nos interesa muchísimo apoyar este tipo de iniciativas, estructurarnos de la mejor forma para poder continuar en este proceso”, remarcó.
Entre el primer y el segundo paquete de inversiones suman 68 proyectos, precisó el empresario. La inversión total será de 525 mil millones de pesos.
“Estamos intentando alcanzar la cifra de inversión en infraestructura pública más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país”, resaltó.
Destacó el impacto que estos tienen en la generación de empleos; de acuerdo con datos de la SHCP podrían crearse hasta 400 mil, lo que significaría recuperar los trabajos perdidos por la epidemia.
“No hay duda que esta es una muestra de confianza, de credibilidad y sobre todo de este llamado que hemos hecho siempre de estar constantemente respetando las normas, las leyes y cualquier regulación a la que estemos nosotros impuestos como sector privado”, agregó.
Atestiguaron el anuncio el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.