Morelia, Michoacán, Noviembre del 2019.- A través de la Ley de Austeridad que presentó al Congreso del Estado, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla busca que los funcionarios públicos y representantes populares sirvan a las y los michoacanos sin privilegios, para que la operatividad de los gobiernos no salga tan cara y pueda aumentar la inversión pública.
El legislador de Morena puntualizó que en los últimos 20 años aumentó en 425 por ciento el gasto en servicios personales en Michoacán, ya que de los 6 mil 642 millones que se destinaban a este rubro en 1999, la cifra se elevó a 27 mil 327 millones de pesos el año pasado, según datos del INEGI.
Ese aumento desproporcionado del gasto corriente ha mermado la capacidad de los gobiernos de invertir en acciones sustantivas para beneficio directo de la población, abundó, ya que el recurso destinado a inversión pública disminuyó 30 por ciento durante las últimas dos décadas.
Desde el año 2008, los gobiernos estatales de Michoacán han implementado acuerdos y planes de austeridad, respecto de los cuales Alfredo Ramírez señaló que sólo eran de observación obligatoria para la administración estatal, mas no para ayuntamientos ni para organismos autónomos, además de que su eficacia e impacto no han sido claros, es por ello que el legislador de Morena promueve que las medidas de ahorro queden plasmadas en una ley.
Alfredo Ramírez puntualizó que su iniciativa de ley parte del principio de que la función pública debe servir a la gente, y no ser vista como fuente de privilegios para quienes detentan el poder.
En su propuesta, el legislador de Morena plantea que se prohiba la contratación de seguros médicos privados y seguros de ahorro con cargo al erario en beneficio de funcionarios, por lo que éstos tendrían que atenderse en el sistema de seguridad social y de salud del estado.
La ley prohibiría también la compra o renta de vehículos de lujo para el transporte de funcionarios, los titulares de dependencias serían los únicos autorizados para contratar chófer, y sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.
Se cancelaría también la renta de vehículos aéreos o compra de boletos de primera clase en vuelos nacionales e internacionales con cargo al presupuesto; asímismo, todos los viáticos deben ser comprobados y se prohíbe el pago de éstos para acompañantes de funcionarios.
Además de velar por la austeridad en la función pública, la iniciativa de Alfredo Ramírez también procura terminar con la inequidad salarial; es decir, que ningún servidor público con el mismo cargo, puesto o comisión que otro, reciba un salario inferior por el desempeño de su función.
La Ley de Austeridad del Estado de Michoacán fue remitida a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.