- El magistrado presidente rinde el informe de actividades 2018; su administración se rigió por las directrices de justicia, transparencia y austeridad
Morelia, Michoacán, 21 de Febrero de 2019. Al presentar el Informe de actividades 2018, el magistrado presidente Marco Antonio Flores Negrete enfatizó que “la sociedad, destinataria de nuestra labor, puede estar segura que a la fecha, cuenta con un Poder Judicial plenamente consciente de su responsabilidad, que en correspondencia a la confianza que se le da, no escatima esfuerzo alguno para hacer de la justicia una realidad concreta y tangible, al alcance de todos.”
Este acto de rendición de cuentas se llevó a cabo ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, así como del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local José Antonio Salas Valencia, así como juezas y jueces de la institución, entre otras personalidades.
Al emitir su mensaje, el magistrado refirió que la progresiva transferencia a la judicatura de ámbitos tradicionalmente ajenos a ésta, acentúa todavía más la necesidad de contar con poderes judiciales independientes, imparciales, autónomos y comprometidos con la excelencia, la transparencia, así como la austeridad en el manejo de sus recursos.
“El Poder Judicial se fortalece en sus integrantes; magistradas, magistrados, consejeros, juezas y jueces ejercen sus facultades y competencias con apego a la ley, al igual que el personal jurisdiccional y administrativo. Nuestro compromiso con Michoacán se refleja en las acciones desarrolladas en 2018, aspirando a la calidad en la prestación del servicio público de impartición y administración de justicia.
En dicho año, se concluyeron 95,065 asuntos en las distintas instancias judiciales, cifra que indica que, en promedio, cada juzgador michoacano resolvió 1.6 cuestiones por día. Además, se trabajó en la consolidación del acceso a la justicia de grupos vulnerables con la creación del Comité para la Inclusión de Personas con Discapacidad; y con la aprobación del Protocolo de actuación judicial para la protección frente a la violencia de género, se determinaron los mecanismos de protección en sede judicial que garanticen y promuevan los derechos humanos de acceso a la justicia, la no discriminación y a una vida libre de violencia de las mujeres.
A fin de seguir fortaleciendo la dimensión moral del quehacer jurisdiccional, se aprobaron los Principios de conducta ética de los servidores públicos, con los que se exige que quienes laboran en la institución, además del perfil profesional y técnico correspondiente a sus funciones, se conduzcan de manera irreprochable y conforme al parámetro ético que regula su labor. Se suma a lo anterior, la creación del Juzgado de primera instancia auxiliar en materia oral familiar, cuya sede será el Centro de Justicia Integral para las Mujeres en el Estado; dicho juzgado atenderá casos de violencia familiar y contra la mujer por razón de género en este distrito judicial.
Añadió que para gestionar de manera más eficaz los recursos públicos, racionalizando y economizando al máximo las erogaciones por servicios personales, administrativos y gastos de operación en la impartición de justicia de corte penal oral, el Consejo aprobó los nuevos lineamientos para la integración del Tribunal de Alzada y de Enjuiciamiento.
Por otra parte, el magistrado Flores Negrete enfatizó que la transparencia se erige en pilar y, a la vez, condición de una eficaz impartición y administración de justicia, por lo que se reforzaron las acciones que permitieron garantizar la claridad en el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.
Señaló que la situación económica de la entidad requiere un manejo prudente y racional de los recursos puestos a disposición de la administración de justicia, por lo que la austeridad se constituyó en principio rector. Es así que las acciones en el tema lograron una disminución significativa en el gasto corriente: en 2016 se logró disminuir a $ 85’917,013.18; para 2017, la cifra se rebajó a $ 70’887,041.26; y, en 2018, el gasto corriente decreció a $ 69’877,950.07.
De las medidas adoptadas para fortalecer la austeridad destacó la revisión y actualización a los activos patrimoniales, para ello, se adoptó el Acuerdo de mejora de control de activos, instrumento que será de invaluable ayuda para dar seguimiento a los inventarios correspondientes a cada área administrativa y órgano jurisdiccional. Además, se implementó el Plan Anual de Adquisiciones que permitió importantes ahorros en la compra consolidada de bienes a precios competitivos; además, se reforzaron los controles en el manejo de los materiales adquiridos a través de las licitaciones y las compras, teniendo los inventarios en perfecto orden a esta fecha.
Finalmente, reconoció la dedicación de magistradas y magistrados, consejeros, juezas y jueces, así como de quienes prestan sus servicios en las diferentes instancias judiciales y administrativas. “Su constancia y empeño han sido fundamentales para que este día se entreguen buenos resultados a Michoacán”.