Por Aquileo Valdovinos
Morelia Michoacán, 01 junio del 2023.- Luego del fallo de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales en contra del Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, se prevee que este día se lleve al pleno del Congreso del Estado, el acto de inicio del enjuiciamiento solicitado por la Contraloria del Estado, en virtud de las diversas irregularidades cometidas por el citado funcionario.
Las Comisiones Unidas consideraron que el ex auditor del órgano fiscalizador del Congreso local adjudicó recursos públicos a personas cercanas a él y por no cumplir con el pago de contribuciones correspondientes a las prestaciones laborales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Además de violentar las leyes que regulan la contabilidad gubernamental, ya que los informes firmados por el auditor no reflejan la realidad financiera de la ASM, al no registrar como pasivos los adeudos.
Por lo anterior, es muy posible que este dia, en sesión plenaria, el Congreso de Michoacán se den a conocer los pormenores del caso, se discuta y en su caso se apruebe el juicio político contra el ex Auditor Superior de Michoacán, de quien se dice creó varias empresas en las que sus familiares fueron socios y resultaron beneficiadas con contratos millonarios, que alcanzaron un monto superior a 258 millones de pesos.
El ex auditor fue funcionario estatal en la Secretaría de Finanzas con el ex gobernador Silvano Aureoles, y en 2019 renunció para ser designado auditor. Desde inicio de la década de 2000 fue auditor municipal cuando era alcalde de Zitácuaro, el ex gobernador perredista.
De darse este día la votación para que se inicie el juicio político, la Comisión Instructora realizará todas las diligencias que sean necesarias para comprobar la culpabilidad del imputado, dándose también las garantías de defensa a Aguirre Abellaneda, para despues abrir un periodo de prueba de 30 días naturales.
Durante ese tiempo, la Contralora Azucena Marin Correa y el funcionario señalado serán citados por la Comisión Instructora para alegar lo que convenga a sus intereses, de acuerdo con el articulado de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, para después dar un fallo final sobre la solicitud de enjuiciamiento.