- Refirió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, reporta que el 88.4 por ciento de las mujeres que sufren algún tipo de violencia no denuncian, lo que abre un marco muy amplio para la impunidad del agresor y con ello para su reincidencia.
Morelia Michoacán, 03 de septiembre del 2022.- El combate a la violencia familiar es una condición necesaria para lograr la recomposición del tejido social en México, por lo que los esfuerzos en la materia deben redoblarse, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zacapu refirió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, reporta que el 88.4 por ciento de las mujeres que sufren algún tipo de violencia no denuncian, lo que abre un marco muy amplio para la impunidad del agresor y con ello para su reincidencia.
“La violencia familiar es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico; también puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica”.
La también integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática señaló que por mandato constitucional las autoridades están obligadas a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr el mayor bienestar, proporcionar orientación, asistencia jurídica y atención psicológica para la disminución progresiva de la violencia y, con ello, mejorar la calidad de vida de las familias de manera permanente.
“Las y los legisladores debemos fortalecer nuestro marco normativo para una atención efectiva en casos de violencia familiar, pues es común encontrar y conocer de casos en donde pese a existir denuncias de por medio, los casos acaban por escalar y generar víctimas mortales”.
Mónica Valdez recalcó que se debe vigilar y castigar de manera más rigurosa la violencia familiar, y los gobiernos en sus tres niveles deben asumir con mayor profundidad el compromiso de generar política pública, programas y acciones puntuales para erradicar este flagelo.