Morelia Michoacán, agosto de 2020. A fin de garantizar el derecho a la salud y verificar las condiciones en que opera para la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizó una supervisión al Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la Atención del Anciano I.A.P, ante los casos de Covid-19 registrados en su interior.
Por instrucción del encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora el coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Ángel Botello Ortiz, desplegó personal del área médica y de la dirección de quejas para que realicen las diligencias necesarias y observar la atención no solo de las personas adultas mayores que son atendidas en esa institución, sino del personal que ahí labora.
Lo anterior para garantizar que se brinden todas las atenciones necesarias para salvaguardar su salud y bienestar, así como para verificar el respeto a otros derechos humanos como a la vida, a la alimentación, a la integridad, a la asistencia y seguridad social, a la no violencia, al acceso a los servicios y a un ambiente sano.
Ante la necesidad de material e insumos para atender la contingencia sanitaria en la que se encuentran, el personal del organismo proporcionó cubrebocas, por ser uno de los aditamentos de uso obligados por la autoridad estatal; y se mantendrá atenta a las necesidades que se requieran atender en esa institución
Esta CEDH observa el abandono no solo familiar y social sino incluso institucional, en el que se encuentran las personas adultas mayores en la entidad, al observar situaciones como la falta de atención medica de manera generalizada en la mayoría de las instituciones que se dedican a la atención de este grupo de la población; además la falta de equipo especializado, de personal capacitado y de la insuficiente infraestructura para garantizar una estancia digna y segura.
Ante este panorama esta Comisión advierte la necesidad de coordinar acciones para atender el abandono en que se encuentran las personas adultas mayores y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales; ante factores como pobreza alimentaria, falta de acceso a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, el abandono, la desigualdad y la discriminación.