- La actual administración gubernamental ha determinado revivir la época de la guerra sucia, en donde los opositores y críticos al régimen político en turno, son señalados y perseguidos
Morelia Michoacán, abril del 2022.- Resulta aberrante que la ausencia de razones y argumentos para un debate de altura devenga en una apuesta por el odio desde los más altos niveles del poder público en México, lamentó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro apuntó que en México la actual administración gubernamental, ha determinado revivir la época de la guerra sucia, en donde los opositores y críticos al régimen político en turno, son señalados y perseguidos, en una cacería propia de los sistemas totalitarios.
“Quienes nos hemos formado en la izquierda vemos hoy con profunda preocupación cómo quienes, tras compartir esta misma ruta camuflajeándose vergonzosamente, una vez en el ejercicio público muestran su verdadero rostro, que es el más oscuro de aquellos regímenes que combatimos por décadas, y que en el caso del Partido de la Revolución Democrática tantas vidas de militantes nos costaron”.
Recalcó que la campaña de linchamiento contra diputados federales de oposición, violenta los derechos fundamentales de quienes con su voto y en apego a los cauces que establecen nuestras leyes, rechazaron una reforma constitucional sobre la que había elementos más que suficientes para su inviabilidad.
“La persecución que desde el Poder Federal y su partido político se ha emprendido contra los diputados, es un asunto de suma gravedad, y genera suspicacias en torno a la intención de amedrentar a los representantes populares sobre futuras reformas constitucionales que prevén promoverse desde la presidencia de la República”.
Julieta Gallardo manifestó su respaldo a las y los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática y a todos aquellos que, a partir de su análisis, convicción y responsabilidad, asumieron su papel como representantes populares y no como “ventaneros de trámite” para el Ejecutivo Federal.