- En los últimos 3 años la Proam inició 38 nuevos procedimientos administrativos por incumplimiento a la legislación ambiental
Morelia, Michoacán, 31 de agosto de 2024.- Ochenta y seis procedimientos administrativos se encuentran activos en la Subdirección de lo Contencioso Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), iniciados a 66 ayuntamientos por el incumplimiento de la legislación ambiental y/o a la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de sitios de disposición final de residuos rellenos sanitarios.
En la antesala de la toma de protesta de los nuevos alcaldes, alcaldesas y concejos que presidirán los 113 municipios de Michoacán durante los siguientes tres años, es necesario que las autoridades municipales conozcan que, uno de los retos más importantes que enfrentan, no sólo en materia ambiental, sino de salud, protección civil e incluso administrativa, es el de la regulación de sus basureros municipales.
El caso de cada municipio es muy particular, sin embargo, las principales irregularidades que se detectan al momento de las visitas de inspección, además de que no cuentan con las autorizaciones ambientales, es que no cumplen con los requisitos básicos que indica la norma oficial.
“Una vez que se realiza la visita de inspección y revisamos el acta circunstanciada en la que los inspectores detallan las condiciones en las que opera un sitio de disposición final, nos damos cuenta de que, en su mayoría, no tienen una geomembrana que evite la filtración de lixiviados, no tienen un cerco perimetral, no cuentan con sistemas de control de biogás, tampoco con manual de operación ni se hace separación de los residuos valorizables”, explicó Arturo Collazo Fuentes, jefe de Departamento de Dictamen Técnico de la Proam.
De acuerdo a la información de la subdirección, desde 2021 a la fecha se iniciaron procedimientos en los municipios de Copándaro, Zinapécuaro, Pajacuarán, Villamar, Erongarícuaro, Los Reyes, Morelos, Chucándiro, Huandacareo, Tarímbaro, Sahuayo, Zamora, Ocampo, Arteaga, Tocumbo, Briseñas, José Sixto Verduzco, Zacapu, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Chavinda, Pajacuarán, Purépero, Tangancícuaro, Tlazazalca, Vista Hermosa, Ziracuaretiro, Chilchota, Aquila, Coahuayana, Apatzingán, Madero, Coeneo, Huaniqueo, Cuitzeo, Indaparapeo, Maravatío y Cherán.
“El objetivo del inicio del procedimiento es que se realice un estudio de daño ambiental en el que se establezcan las medidas que habrán de tomarse para compensar las afectaciones generadas, así como evitar y medir daños futuros, de las cuales tendrán que presentar avances ante la Proam, para evaluar la atención y seguimiento que se le ha dado al sitio”, dijo.
Asimismo, se detectó que hay procedimientos que datan desde 2015 a la fecha a los que los responsables no han dado seguimiento pese a los múltiples requerimientos que se les hacen notificar, como consecuencia, la Proam ha emitido resoluciones con multas por un total de 14 millones 793 mil pesos.
De ahí la importancia de darle la oportuna atención, además de invertir en construir sitios de disposición final de residuos conforme a la NOM-083SEMARNAT-2003, generar un diagnóstico básico municipal de la gestión integral de residuos; esto permitiría a los ayuntamientos conocer sus necesidades, dimensionar la composición de residuos, infraestructura que necesitan, optimizar recursos para el traslado y gestión de los residuos, evitar incendios y, en caso de siniestro, atenderlo de una mejor manera, es decir, atacar el problema de raíz y evitar las multas.