Las comisiones del Senado de la República que analizan la aprobación de la Guardia Nacional elaboraron un nuevo proyecto de dictamen que recorta varias disposiciones y condiciones que se habían contemplado en la minuta aprobada por los diputados en enero pasado, y además regresa la colaboración explícita de las fuerzas armadas como había pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El nuevo proyecto, que comenzará a discutirse hoy mismo en sesión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos y al que Animal Político tuvo acceso, elimina los plazos que se habían marcado para crear 2 de 3 leyes complementarias que los diputados habían incluido para garantizar su correcto funcionamiento. Incluso, una de estas leyes de plano desapareció del texto modificado.
A su vez se elimina la adscripción de la Guardia Nacional a la dependencia del ramo de Seguridad -es decir a la Secretaría de Seguridad – como habían contemplado en la Cámara Baja, así como la dirección explícitamente civil de la misma. También se suprimió el enunciado que los diputados habían incluido en el que se obligaba a la Guardia a actuar con perspectiva de género, y que tenía que colaborar con las entidades.
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Se mantiene la creación de una junta de jefes de la Guardia compuesta por integrantes de los ramos de Defensa, Marina (es decir militares) y Seguridad (civil). Todo ello además del reclutamiento, formación y entrenamiento a cargo del Ejército; y el fuero militar para el tema de faltas a la disciplina militar que cometan integrantes de la nueva fuerza.
En la justificación del proyecto de dictamen se aclara además que el mando operativo de la Guardia Nacional será militar, pero que el carácter de la misma es civil.
El documento sostiene que se tomaron en cuenta las críticas vertidas en las audiencias públicas realizadas la semana pasado así como el marco internacional que limita la participación de las fuerzas armadas. No obstante defiende que la creación de la Guardia nacional no viola esas disposiciones y, al contrario, contribuirá a la desmilitarización.
“El planteamiento de un mando militar en la parte operativa y con carácter civil, es sin duda, una transformación radical al esquema que se ha venido presentando en los últimos años (…)con la reforma aquí propuesta la participación de las fuerzas Armadas en la Guardia Nacional implica en estricto sentido una desmilitarización paulatina en el sistema de seguridad pública a medida que se vayan alcanzando los objetivos trazados, es decir; no implica una continuidad de la estrategia utilizada hasta estos días” señala el proyecto.
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Por cierto, en el proyecto no se advierte ninguna de las modificaciones que organizaciones civiles del colectivo #SeguridadSinGuerra y legisladores de oposición habían presentado en una propuesta alterna.
A continuación se detallan algunas de las principales modificaciones de este nuevo proyecto de dictamen que podría ser aprobado por mayoría simple en comisiones, pero que a nivel del pleno requiere de una mayoría calificada para ser aceptado, es decir, de al menos 2/3 partes de los legisladores.
*Se suprime adscripción y “dirección” civil (artículo 21 constitucional)
En la minuta aprobada por los diputados se establecía que la Guardia Nacional estaría adscrita a la dependencia del ramo de seguridad que actualmente es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Literalmente se expresaba así: “La Ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad”. En el nuevo proyecto se suprime el enunciado de esa adscripción.
De igual forma se elimina la frase “dirección civil” del enunciado “La Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil”. El proyecto justifica que con esto se fortalece el carácter civil de la nueva fuerza.
¿Y la dirección? De acuerdo con el proyecto esta deberá definirse en una ley complementaria. Esta es la nueva redacción propuesta en el proyecto:
“La Ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional la que tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.
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*Se suprime colaboración con entidades (artículo 21 constitucional)
En la minuta aprobada por los diputados se establecía otro cambio al artículo 21 para que quedara asentado la responsabilidad de la Guardia Nacional de colaborar con los estados en el cumplimiento de sus objetivos. Este enunciado fue eliminado en el nuevo proyecto.
*Fuera perspectiva de género (artículo 21 constitucional)
Los diputados habían aprobado en el artículo 21 esta condición: “(los elementos de la Guardia) se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones”
En el proyecto se suprime la parte de perspectiva de género, por lo que el párrafo finaliza en el enunciado “el respeto a los derechos humanos”.
*Fuera 2 de 3 leyes complementarias (artículo 1ro transitorio y 73 constitucional)
El dictamen aprobado por los diputados establecía en el artículo Primero Transitorio la creación de tres leyes complementarias: la ley de la Guardia Nacional en un plazo de 90 días una vez aprobada la reforma; y las leyes de Uso Legítimo de la Fuerza y de Registro de Detenciones en un plazo de 120 días.
Pero en el proyecto del Senado se eliminan los plazos para crear las últimas dos leyes mencionadas y, de hecho, solo se hace referencia al plazo de 90 días para la Ley de la Guardia.
En tanto en el artículo 73 constitucional, donde se establecía textualmente la facultad del Congreso para expedir las tres leyes referidas, se modificó para señalar que el Congreso tendrá facultades para expedir leyes sobre la nueva norma y sobre el uso legítimo de la fuerza, pero sin el plazo que incluía el transitorio.
Cabe señalar que la creación de la Ley de Registro de Detenidos era una de las principales innovaciones que habían apoyado legisladores de Morena en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la diputada Tatiana Clouthier la consideraba un paso importante para transparentar la información sobre personas detenidas y reducir el riesgo de desapariciones forzadas.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había celebrado que por fin se fijara un plazo para expedir una ley de su legítimo de la fuerza, un pendiente que tiene México desde hace varios años.