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22 noviembre, 2024
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CONTINÚA EMBATE FEDERAL CONTRA PRODUCTORES, AHORA CONTRA EL SECTOR PESQUERO: JULIETA GALLARDO

  • En la recta final de su gestión, la actual administración federal da coletazos con los que pretende continuar el desmantelamiento de las instituciones como lo ha venido haciendo por más de cuatro años.

Morelia Michoacán, 25 abril del 2023.- El embate del Gobierno Federal contra los productores agropecuarios continúa, ahora está en la mira el sector pesquero, que ha venido enfrentando ya serias problemáticas en los últimos años, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el distrito de Puruándiro apuntó que, en la recta final de su gestión, la actual administración federal da coletazos con los que pretende continuar el desmantelamiento de las instituciones como lo ha venido haciendo por más de cuatro años.

“La iniciativa presidencial para trasladar las funciones del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), una vez más atenta contra las áreas de revisión y ejercicio de dependencias, utilizando el falso argumento de la optimización de recursos”.

Julieta Gallardo señaló que la tónica de centralizar las decisiones y el ejercicio gubernamental ha sido tendencia en esta administración, combatiendo ferozmente las áreas e instituciones encargadas de ejercer los contrapesos necesarios para la correcta función pública.

“En Inapesca entre sus funciones provee de bases científicas, datos y evaluaciones a la Conapesca, esto con la intención de que dicha institución conserve, ordene, se desarrolle el sector pesquero, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, por lo que, al suprimirlo, no sólo se borra a un organismo de evaluación en el sector, sino también generador de líneas para un desarrollo sustentable”.

La legisladora refirió que la organización internacional Oceana, ya ha alertado que la medida pone en riesgo al menos a 25 mil familias mexicanas que viven directamente del sector pesquero, por lo que la iniciativa presidencial representa un riesgo para la viabilidad del sector.

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