Norberto Paredes
BBC News Mundo
Después de varios años sin protestas masivas, miles de trabajadores del sector público han vuelto a tomar las calles de Venezuela para exigir mejores salarios y pensiones.
Maestros, enfermeras, policías, entre otros trabajadores vinculados a la administración pública -muchos de ellos retirados-, se manifiestan desde hace varias semanas en las principales ciudades del país con pancartas en las que se lee «No más salarios de hambre» y «No a pensiones de muerte».
El salario mínimo en el sector público de Venezuela, el mayor empleador del país, está fijado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (unos US$6), un monto que se ha depreciado rápidamente debido a la galopante inflación que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 305,7% el año pasado.
Asimismo, el monto de la pensión estatal también equivale al salario mínimo.
Mientras tanto, un kilo de pollo en un supermercado en Caracas, la capital del país, puede costar unos US$4,5 (el 75% del salario mínimo mensual) y el de un queso local puede alcanzar los US$5 en un contexto de dolarización de facto de la economía. Los pagos se hacen en dólares, o en bolívares pero siempre con la moneda norteamericana como referencia.
«Yo salí a protestar porque este gobierno tiene que reivindicar mi profesión. No es posible que yo, siendo una docente de categoría 6 (la más alta) y con más de 20 años de servicio, esté ganando 450 bolívares mensuales (US$22)», le dijo esta semana a BBC Mundo Belkis Bolívar, desde Caracas.
«Salí a protestar porque quiero desahogarme, quiero que la gente sepa que estoy cansada y furiosa porque mi salario no me alcanza para vivir», agrega la mujer de 56 años, quien tiene un hijo adolescente y una madre de 85 años que dependen de su sueldo.
Belkis padece de reumatismo y afirma que no puede costearse los tratamientos y exámenes necesarios para tratar la patología.
Además, su madre sufre de una enfermedad cardiovascular tras haberse sometido a una operación de corazón abierto, pero tampoco tiene dinero para comprar medicinas.
«Tengo que hacer milagros para que mi familia pueda subsistir. Tengo vender comida y dar clases particulares, porque el salario no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades más básicas», prosigue.
«Marcho porque tengo que drenar mi frustración de alguna manera y para apoyar a mis colegas y a muchos otros trabajadores del sector público que también han tomado las calles por los salarios de hambre que tenemos».
El gobierno venezolano culpa a las sanciones impuestas por Estados Unidos por la devaluación de los salarios.
«Sobre los salarios todos los venezolanos estamos descontentos, pero hay que recordar que es culpa de las sanciones», aseguró la semana pasada el diputado Diosdado Cabello, presidente de Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los altos mandos del oficialismo.
Paralelamente a la protesta de docentes y trabajadores del pasado 23 de enero, el presidente Nicolás Maduro organizó una marcha en el oeste de Caracas a la que asistieron cientos de personas adeptas a su gobierno para exigir que levanten «las sanciones criminales impuestas contra Venezuela».
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