Por Aquileo Valdovinos
Ante la falta de determinación a varias de las propuestas del Presidente de la República, para combatir la inseguridad en el país, el diputado local Javier Paredes Andrade resaltó que la prisión preventiva oficiosa debe ser obligadamente garante y no violatoria a los derechos humanos.
Respecto al proyecto de decreto por el que se busca reformar el Artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, el representante popular por Movimiento Ciudadano, recalcó que el impulso a varias propuestas presentadas por el presidente de la República, para combatir la inseguridad y restablecer el orden, no son votos “a ciegas”, sino por el contrario permanecerá vigilante de que se atiendan los principios internacionales en materia de derechos humanos.
Reconoció por otro lado que la problemática de inseguridad que priva en la nación “no es menor”, pero dicha medida debe ser “excepcional y siempre justificada”, ya que la sociedad se encuentra ávida de una sana impartición de justicia, que permita poner a los infractores frente a los tribunales y a los inocentes con un sistema penal fortalecido que le salvaguarde sus derechos fundamentales.
“Por un lado se amplía el catálogo de tipos penales en donde es posible la prisión preventiva como una medida extraordinaria que supone el aseguramiento del inculpado y por el otro se tiene un fuerte reclamo social que exige una reforma que permita un combate frontal a los delitos que le afectan sustantivamente a su patrimonio y su seguridad”, abundó.
Alertó también sobre los retos que las instituciones deben de superar, al tener presente en todo momento que “la prisión Preventiva Oficiosa no distingue entre delincuentes e inocentes, se aplica a “tabla rasa”, se decreta a cualquier persona bajo la presunción de culpabilidad, haya o no cometido delito alguno”.
Por ultimo, manifestó que la prisión preventiva oficiosa es, en pocas palabras, «una condena sin sentencia, toda vez que según estadísticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Seguridad, de 257 mil 291 personas encarceladas, aproximadamente 109 mil se encuentran sin sentencia, cifra que representa el 42 por ciento de la población penitenciaria», concluyó.