- Gobierno de Michoacán, representantes y líderes migrantes, suman esfuerzos
Morelia, Michoacán, Mayo del 2020.- El Gobierno de Michoacán, en coordinación con representantes sociales y líderes migrantes de Estados Unidos, acordaron atender y asesorar a connacionales que enfrenten problemas laborales o de salud durante la contingencia por el COVID-19.
Durante la videoconferencia “El COVID-19 y los derechos de los migrantes en Estados Unidos”, Karina Villa, actual representante estatal y candidata al Senado de Illinois, destacó la importancia que para ella como ciudadana binacional tiene mantener a salvo los derechos de los migrantes, por lo que ya se realiza, dijo, un trabajo coordinado para salvaguardarlos durante la pandemia.
“Trabajamos arduamente en la protección de migrantes ante la falta de protección en las fábricas, que nos expliquen y den información de las personas muertas, porque si no van a quedar en el anonimato, llevar ante las instancias correspondientes a dueños de empresas que no han actuado responsablemente con los trabajadores durante la contingencia”.
En este sentido, el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), José Luis Gutiérrez Pérez, subrayó que por instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, a través de las casas Michoacán y organizaciones de migrantes, se realizan acciones que permitan a los paisanos y sus familias vivir en condiciones dignas durante la contingencia.
“Estamos trabajando para que nuestros connacionales no sean víctimas de fraude, algún delito o la violación de sus derechos fundamentales durante la contingencia, como estado binacional es nuestra prioridad velar por los intereses de quien por distintas razones han tenido que emigrar a Estados Unidos, buscar aliados en Estado Unidos que les puedan apoyar ante cualquier problema que tengan durante la contingencia y no caer en desesperación”, destacó Gutiérrez Pérez.
En la videoconferencia, a la que se sumó el secretario del Migrante de Guerrero, Fabián Morales y decenas de dirigentes y líderes migrantes, se acordó realizar diversas acciones de supervisión en empresas consideradas de actividades fundamentales para que no se violenten sus derechos, sin importar su estatus migratorio.