Horacio Erik Avilés Martínez
En materia educativa, los michoacanos no necesitamos licencia ni venia alguna para dudar. Hemos sido víctimas de engaños, tropelías, actos de rapiña, estafas y trapacerías de la más baja ralea. Nuestra ignorancia colectiva y rezago educativo provocan migración, miseria, delincuencia, violencia y muerte.
Sin embargo, no son dolencias sociales producto del acaso, sino que tienen responsables con nombre y apellido, muchos de ellos encumbrados miembros del círculo rojo, tanto a nivel estatal como nacional.
Por abusos y omisiones no es en absoluto casualidad que nuestro estado hoy ocupe los últimos lugares en múltiples indicadores en materia educativa.
Tampoco, que aquí más de 200 mil personas hayan olvidado leer y escribir a pesar de haber sido alfabetizados, que abusen física y sexualmente de los niños en escuelas y albergues públicos y los responsables sigan siendo trabajadores de la educación, que criminales confesos y mediáticos hayan permanecido simultáneamente en la lista de los diez maleantes más buscados de la nación y cobrando doble plaza en la nómina magisterial michoacana, entre muchos otros actos inmensos de corrupción, impunidad, lucro y abuso perpetrados desde el ámbito educativo.
Por lo anterior, a quienes nos ocupa dar seguimiento ciudadano a la política educativa nos resulta completamente natural dudar de todo lo que no podamos comprobar mediante evidencias tangibles. A nuestra red de apoyo y simpatía ciudadana también. Han sido tantos y tan infamantes casos de corrupción que resulta imposible confiar en la palabra de nadie. Las evidencias distinguen a las opiniones de los argumentos, sean emitidas por quien sea.
Contra lo que quisieran infundirnos, ser autoridad no materializa la retórica. Sin comprobación, los dichos podrán ser respetables, incluso repetidos mil veces, pero ello no los vuelve ciertos. Parafraseando a Sara Sefchovich, Michoacán merece dejar de ser una entidad de mentiras, de mentirotas y “de mentiritas”.
Por ello, las responsabilidades públicas deben ocuparlas quienes estén libres de compromisos e ideología dogmática, porque en caso contrario, a quienes gustan de gobernar desde, para y con lo no falsable, tanto su arraigado adoctrinamiento, como su pensamiento mágico, maridados con sus intereses los hará errar y a su vez, a pretender inducir a la colectividad al error.
En torno a la muy discursada federalización de la nómina, mucho se indujo a la opinión pública y a los medios de comunicación a extender un cheque en blanco de confianza, a practicar un acto de fe a favor de las actuaciones del Gobierno del Estado, contraviniendo el sentido común y la razón, siendo esto un fuerte agravio a la inteligencia de la ciudadanía.
Lo expresamos desde esta misma tribuna en múltiples ocasiones sin que hubiera respuesta oficial. La teoría acerca del ciclo de la política pública lo advierte desde numerosos autores expertos en la materia: el proceso de su diseño, validación y pilotaje es tan importante como el resultado en sí. No puede haber soluciones perfectas sin tomar en cuenta a todos los actores. Lo que se hace de espaldas a la sociedad es materia de sospecha.
Por ello, mantener a la sociedad michoacana en situación de disonancia cognitiva en torno a la federalización de la nómina magisterial constituyó una peligrosa apuesta del gobierno de Silvano Aureoles y su equipo, el cual decidió correr el riesgo a pesar de saber que estamos en plena era del conocimiento y que el acceso a la información es un derecho humano consagrado en la Carta Magna. Era cuestión de tiempo.
Precisamente, en el mes de la Constitución fue que se conoció el convenio anunciado el pasado 23 de enero, por lo que ahora sobrevendrá el alud de análisis post facto de la clase política y su comentocracia, así como las reacciones de los actores clave del sistema educativo estatal.
Todos aquellos quienes aplaudieron sin conocer la federalización de la nómina educativa tendrán mucho por realizar para reconvenir su postura y reivindicar su imagen. El Gobierno del Estado le debe una larga y profusa explicación a los michoacanos. Esperemos que no se les olvide que el compromiso del activismo es con los derechos humanos de los gobernados y con la verdad, no con clase política alguna.
En esta ocasión no fue en una rueda de prensa mañanera, ni en Palacio Nacional ni en Casa de Gobierno, sino que fue desde una simple computadora donde se solicitó y posteriormente se obtuvo la información, por lo que ahora se pone el tema ante la opinión pública.
La actual administración estatal ha faltado varias veces al compromiso entablado y a la verdad en materia educativa de 2015 a la fecha, de entre las cuales destacan evadir el seguimiento semestral a la Agenda por Michoacán, comprometido mediante firma ante 126 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales han arriado banderas desanimándose, mientras que otras más se han permitido ser cooptados y aplaudir a la ciega; también, ocultar durante ya casi un lustro el padrón estatal de trabajadores de la educación; de simular la aplicación válida, confiable y representativa de la prueba PLANEA con el supuesto escalamiento de muchos peldaños en logro en el aprendizaje; de haber manipulado la lista de maestros sorteados para aplicar la evaluación de permanencia docente y mostrar que Michoacán cumplió; de detener el funcionamiento de lo que pudo ser un órgano de gobernanza como el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, que de por sí implicó la desaparición de las comisiones de transparencia de recursos humanos, materiales y financieros del ya abatido Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación.
En esa concatenación ahora viene el develamiento de un mito más, como fue la federalización de la nómina magisterial, lo cual jamás sucedió como tal, ni mucho menos se dio la puesta en números negros del erario educativo estatal.
En lugar del proceso prometido a la sociedad michoacana, especialmente a quienes tenemos más de una década exhortando a las autoridades federales y estatales a coordinarse para realizar un rescate integral y estructural de las finanzas educativas estatales, se nos dijo que esto se había logrado, pasando a la historia el actual gobierno. Nos pidieron aplaudir, sin darnos evidencias.
Empero, las garantías constitucionales en materia de acceso a la información nos permitieron conocer que esto no fue así; que el anunciado proceso como ya concluido fue la firma del denominado ‘Convenio de coordinación para establecer el mecanismo de pago de nómina de los trabajadores del sector educativo al servicio del estado de Michoacán de Ocampo, al que en lo sucesivo se le denominará el «convenio», que celebran por una parte el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante la «SHCP», representada por su titular, Arturo Herrera Gutiérrez; la Secretaría de Educación Pública, en lo subsecuente la «SEP», representada por su titular, Esteban Moctezuma Barragán, y por la otra, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en lo sucesivo el «Gobierno del Estado», representado por su gobernador, Silvano Aureoles Conejo, con la participación del Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, y el Secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, a quienes de manera conjunta se les denominará las «partes».
Después de poner en claro los antecedentes y la fundamentación normativa para el establecimiento del convenio, de declarar la personalidad jurídica y facultades de las partes firmantes, así como el reconocimiento mutuo, la realización de procedimientos de conciliación de plazas y de conceptos de pago, así como la afirmación de que «el Gobierno del Estado establecerá el mecanismo de transparencia y publicidad que permita verificar la información correspondiente a la nómina de cada trabajador, mismo que estará a disposición del público en general.» Por supuesto, la puesta a disposición al público en general de la información por parte de la autoridad es hasta ahora letra muerta.
Dicho documento, de 24 páginas de extensión, incluyendo dos anexos, contiene muy poco o nada del espíritu original de la petición garantista para el derecho a aprender de los estudiantes, siendo en cambio más un mecanismo político de vigilancia desde el centro respecto a los pasos a dar por parte del Gobierno del Estado, el cual se somete voluntariamente a ser observado y, en su caso, castigado por posibles impagos futuros.
Es remarcable el reiterado apalancamiento que en este convenio realiza el Gobierno Federal para garantizar que el Gobierno del Estado no haga de las suyas en materia de los consabidos adeudos a los trabajadores de la educación.
Por ejemplo, en el convenio firmado, la cláusula Sexta, en su apartado 2) señala como una obligación de la SEP «solicitar a la SHCP, en caso de incumplimiento por parte del Gobierno del Estado, la compensación contra participaciones federales correspondiente, turnando copia de conocimiento al Gobierno del Estado sobre dicha solicitud.
El convenio, en su cláusula primera señala que «tiene por objeto establecer las bases para instrumentar el mecanismo para que, por cuenta y a nombre del Gobierno del Estado, la SEP efectúe el pago de la nómina de los trabajadores al servicio de la educación básica, incluyendo la indígena y especial, del Estado de Michoacán de Ocampo, que no se encuentren previstos en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la SEP y la SHCP; dicha entidad federativa en todo momento mantendrá su calidad de patrón”.
Es decir, en ningún momento se transfiere a la parte patronal, no se retornan los servicios educativos al Gobierno Federal, como se insinuó vehementemente en la rueda de prensa del 26 de noviembre de 2018 y hasta la fecha.
Por otra parte, en la cláusula denominada Segunda. Recursos, se dice que “las partes acuerdan que el Gobierno del Estado aportará los recursos correspondientes y suficientes para el pago del personal por un porcentaje equivalente al 65.4 por ciento del costo total de la nómina del personal y la Federación complementará como máximo el 34.6 por ciento restante hasta alcanzar el 100 por ciento, conforme a lo señalado en los Anexos 1 y 2.”.
Esto no se parece en absoluto a la gestión de más de tres mil millones anunciada por el Gobernador del Estado, sino que solamente se exhibe que el convenio es un instrumento para atar la discrecionalidad del gobierno estatal, formulado por el Gobierno Federal con información y exhortos venidos directamente de alas magisteriales, quienes en su legítimo ejercicio de la defensa de los derechos de sus representados lograron formular este instrumento jurídico.
Por lo anterior, en el mencionado documento, el Gobierno del Estado acepta “se afecten irrevocablemente las participaciones federales que le correspondan del Ramo 28 «Participaciones a Entidades Federativas y Municipios» para garantizar el pago oportuno de las obligaciones referidas en el presente Convenio”.
En suma, los trabajadores de la educación ganan con esto, porque tendrán el pago de sus salarios prácticamente asegurado, siempre y cuando exista la suficiencia presupuestal tanto a nivel federal como estatal para que los porcentajes pactados se eroguen y se disperse la nómina conforme a derecho proceda. Esperemos que se refleje en el derecho a aprender, pero eso requeriría contar con pleno control de la rectoría educativa.
El Gobierno del Estado tiene muchas explicaciones que dar a la sociedad michoacana después de haber comprometido las participaciones federales para pagar salarios de los maestros, que son derechos constitucionales, pero que, en el torcido caso de Michoacán, estado en el que existe una precaria institucionalidad, gracias a esta clase de imbricaciones, podría darse la combinación de un mal ejercicio del gasto, poca recaudación local, deuda pública existente que requiera el pago improrrogable de servicios y tener poco dinero disponible para solventar necesidades emergentes, desastres naturales, una epidemia o alguna desgracia por el estilo.
Los márgenes de maniobra del gobierno del estado ante una desgracia se reducen, lo cual es positivo ante el sempiterno mal manejo, pero comprometen el accionar del poder ejecutivo estatal.
¿Cuáles son las presiones que llevan al Gobierno del Estado a ocultar la verdad, a atarse las manos y los márgenes de acción? Lo anterior, no solamente hasta 2021, sino hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha de finalización del periodo comprometido para el momento en el cual ya no se encontrarán en el cargo temporal que actualmente ostentan ninguno de los firmantes, lo cual resulta absurdo y deja al convenio de marras en posibilidad de ser impugnable.
Se sabrá la verdad y por supuesto, seguiremos informando.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles