Valentina Oropeza
Título del autor,BBC News Mundo
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Como reverenda de la iglesia, Tanya Lozano asumió una decisión que habría preferido evitar: la suspensión de los servicios religiosos presenciales en español, debido a las amenazas de deportaciones de migrantes indocumentados.
La Iglesia Metodista Unida Lincoln de Chicago ofrecía ceremonias en español los domingos al mediodía. Eran ocasiones propicias para que los migrantes que no hablan inglés escucharan la palabra de Jesús, rodeados por otros creyentes que comparten el desafío de asentarse en Estados Unidos.
Pero frente a la toma de posesión de Donald Trump, prevista para este lunes 20 de enero, los pastores y la comunidad decidieron tomar medidas para defenderse de las deportaciones que el líder republicano promete ejecutar durante su segundo mandato.
«La decisión de que el servicio en español pase a ser virtual ha sido colectiva, pertenece a toda la congregación», dijo Lozano a BBC Mundo. «Nos estamos preparando para ayudar a las familias indocumentadas y de estatus mixto».
Lozano se refiere tanto a familias de padres indocumentados que llevan décadas en Estados Unidos y cuyos hijos son estadounidenses, como a migrantes jóvenes que llegaron en años recientes, con hijos menores de edad y que temen ser separados en un proceso de deportación.
«Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa», advirtió. «No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado», dijo al justificar la cancelación del servicio.
Durante el primer mandato de Trump se aplicó la separación de familias como una estrategia para disuadir a los migrantes de ingresar en territorio estadounidense de forma irregular.
Aunque esta política de «tolerancia cero» fue desactivada, en medio de duras críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos, más de 4.600 niños fueron separados de sus padres.
«La amenaza es real», dijo a la BBC el feligrés David Cruseno, nacido en Estados Unidos.
Su madre entró ilegalmente desde México pero ha estado trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos durante 30 años.
«Con este nuevo gobierno es casi como una persecución», le dijo Cruseno a la BBC. «Estamos siendo señalados de una forma que es injusta pese a que cooperamos continuamente con este país», agregó.
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